El otro curso del Plan C

El otro curso del Plan C

Wenceslao Vargas Márquez

Consta en actas que en 2018 voté por el presidente López Obrador. Como es normal en ciudadanos libres, en electores no militantes, coincido en algunos puntos de su trabajo, no coincido en otros: coincido en su política salarial, no coincido en el actual desmantelamiento del Poder Judicial. Diré mis razones sobre esto último.

Dice un colega escribidor: “En contraparte, una oposición absolutamente inviable, a ratos grotesca, que mantiene la apuesta catastrofista (…) y se obstina en defender a un Poder Judicial acusado de grave corrupción”. Veo a la oposición derrotada, sin duda, pero no grotesca ni catastrofista. 

Y propongo una pregunta. ¿Por qué si el Poder Judicial está acusado hoy de grave corrupción el tema no quedó señalado como pendiente en la primera reforma judicial del sexenio actual, publicada en el DOF  el 11 de marzo de 2021 (t.ly/mW-eQ)? De hecho Zaldívar la dio por resuelta. Dijo en su informe de labores del 15 de diciembre de 2022 (t.ly/rpQ7a): “En cuatro años se consolidó un Poder Judicial muy diferente, que no tolera la corrupción y que está equipado para sancionarla”.

El micrositio dedicado al tema nada dice (t.ly/qnJ1O). Parece que ese dictamen actual de la “grave corrupción”, es un dictamen a modo, a posteriori, para afectar a un Poder Judicial que de pronto se manifestó independiente cuando llegó a su presidencia una mujer a principios de 2023. 

Leamos en el micrositio los párrafos institucionales de Arturo Zaldívar dedicados al gran público pero que es un texto desconocido para el hombre-masa que dijo Ortega y Gasset hace un siglo. Copio al Zaldívar de 2021: 

“¿Qué cambia? A través del diálogo institucional y del reconocimiento honesto de los aspectos que, en ejercicio de su autonomía, el Poder Judicial debía combatir, mejorar, reforzar o evolucionar en este proceso de renovación, se tiene como fin último la generación de un verdadero cambio en favor de la sociedad mexicana. Las modificaciones generadas por la reforma se pueden englobar en los siguientes seis puntos clave: 1. Combate a la corrupción y al nepotismo.- a) Se refuerza la lucha contra el nepotismo dentro del PJF, dándole la facultad al Máximo Tribunal de nombrar y remover a sus funcionarios y empleados. b) Se reforma el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar la efectiva investigación y sanción de las personas servidoras públicas que cometan actos de corrupción”.

Se habla de “modificaciones generadas”, y la palabra “generadas” significa, como es sabido, un pasado concluido. Copilot (IA, para no fallar) me dice: “El tiempo verbal de la palabra <generadas> es el pretérito perfecto de indicativo. Este tiempo se utiliza para hablar de acciones que tuvieron lugar en el pasado y ya han concluido en el momento en el que se habla”. 

Leamos ahora, en el texto de 133 páginas destinado a especialistas, en el mismo micrositio (t.ly/6jFba, página 60), lo que dice el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: “Las Contralorías de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán con las siguientes atribuciones: (…) II. Implementar los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de coordinación que, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que estos tengan”.

¿Qué quedaba para esa reforma judicial de 2021 que dejaba garantizado el castigo a la corrupción? Dejarla funcionar, uno o dos sexenios, para que la tan aplaudida reforma, la primera del sexenio que concluye, mostrara su músculo. ¿Por qué no fue así? Porque se apareció una mujer indisciplinada a principios de 2023 y había que rehacerlo todo, incluso revivir el discurso de que la corrupción seguía ahí, como el dinosaurio de Monterroso. 

Por todo lo anterior es que acepto que el Poder Judicial necesita reformas, desde luego, pero debemos decir que la segunda reforma, la de 2024, ocurre porque se apareció una mujer que cambió el escenario de la primera, la “definitiva” de 2021, la mejor que se hizo en los últimos treinta años. Zaldívar lo dijo así en la Ibero en enero de 2022: “Se tiene un Poder Judicial que, gracias a la reforma, logró elevar a rango constitucional y legal el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual y a la violencia de género”. La corrupción era tema superado según palabras del propio Zaldívar, pero hubo necesidad de revivirla para espantar.

Así, el curso del mediático y multicitado Plan C fue realmente otro. 

El Plan A fue intentar prorrogar a Arturo Zaldívar por dos años para que con sus oficiales cuatro cumpliera seis, y cubriera el sexenio. 

No se pudo, y surgió el Plan B de colocar en la presidencia del Poder Judicial a otra ministra afín. Era Yasmín Esquivel, y tampoco se pudo porque surgió el tema de su tesis presuntamente plagiada. 

Entonces sí surgió el Plan C: destituir a todos por la vía electoral, deseo cristalizado gracias a la votación del 2 de junio. 

Ya dije que voté por el presidente actual. Digo que no comparto su determinación de destituir al Poder Judicial y suplirlos con jueces salidos de urnas electorales. Nos debe preocupar a todos, incluso a quienes votamos por él.

X: @WenceslaoXalapa