Las consultas nacionales.
Texto explicativo que reúne y contextualiza cada ejercicio nacional desde la cancelación de Texcoco hasta la elección judicial, con los porcentajes de participación reportados y las fuentes principales.
1) Consulta sobre el Nuevo Aeropuerto (Texcoco / Santa Lucía), 25–28 de octubre de 2018
Ese ejercicio fue una votación organizada por el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador (con apoyo técnico de la Fundación Rosenblueth), no un mecanismo regulado por la Ley Federal de Consulta Popular ni por el INE. Se realizó a nivel nacional como una consulta de opinión sobre si continuar la obra en Texcoco o rehabilitar y ampliar aeropuertos existentes (incluida Santa Lucía). Las cifras de participación reportadas por diferentes conteos y reseñas periodísticas sitúan el total de participantes en torno a 1.1 a 1.2 millones de personas, lo que equivale aproximadamente al 1.05–1.22% del padrón electoral (es decir, una participación muy baja respecto de una elección formal). Este carácter extra-institucional explica también las dudas sobre su validez jurídica y metodología. (Latinno)
2) Consulta sobre “10 programas prioritarios” (noviembre de 2018)
Pocos días después de la consulta del aeropuerto, el equipo de transición organizó otro ejercicio —también fuera del marco del INE— para preguntar sobre prioridades de política pública (los llamados 10 programas). Este ejercicio tuvo una participación igualmente reducida: rondó el millón de personas y se reportó como alrededor del 1.05% del padrón en los resúmenes periodísticos y reportes sobre las votaciones de 2018. Al igual que la consulta de Texcoco, fue operativo-informal y su impacto jurídico fue limitado. (Latinno)
3) Consulta Popular nacional (1 de agosto de 2021)
Esta fue la primera consulta organizada conforme a la Ley Federal de Consulta Popular y bajo la conducción del INE. La pregunta estatal/nacional buscó recabar la opinión sobre la investigación y eventual enjuiciamiento de hechos del pasado (resumen ampliamente conocido como la “consulta para enjuiciar a expresidentes”). El INE informó que participaron aproximadamente 6.5 millones de personas, lo que representa un ≈ 7.11% del padrón; la opción mayoritaria fue el “Sí”, pero el ejercicio no alcanzó los umbrales para efectos vinculantes. Los cómputos y la declaratoria final fueron oficiales del INE. (Central Electoral)
4) Revocación de mandato (10 de abril de 2022)
Proceso regulado por la ley y organizado por el INE para medir si la ciudadanía ratificaba o revocaba la gestión del presidente en funciones. La participación registrada en los cómputos y en los informes institucionales fue de aproximadamente 17.5–17.7% del padrón (≈16.5 millones de votos), con un respaldo mayoritario de quienes acudieron a la urna por la permanencia del presidente; no alcanzó el umbral del 40% para efectos adicionales exigidos por la normativa. Hubo controversia pública sobre recursos y número de casillas instaladas, y tanto el INE como el Ejecutivo intervinieron en el debate sobre las condiciones del proceso. (Instituto Nacional Electoral)
5) Elección Judicial (Proceso Electoral Extraordinario para cargos del Poder Judicial), 1 de junio de 2025
Este fue el primer proceso de elección directa de altos cargos judiciales en la historia moderna de México, organizado por el INE (y con coordinación estatal en las entidades implicadas). La participación ciudadana estimada por el INE y reportada por medios fue de entre 12.57% y 13.32% del padrón (aprox. 13 millones de votantes). El ejercicio fue inédito y generó tensiones políticas (rechazo y llamados al boicot por parte de la oposición, defensa del gobierno y discusión sobre legitimidad y riesgos de politización). La cifra que el INE dio inicialmente corresponde a una estimación basada en muestreo de casillas y los primeros cómputos distritales. (El Economista)
Contexto y claves interpretativas:
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Diferente naturaleza institucional: los ejercicios de 2018 fueron promovidos por el equipo de transición y no por el INE; en contraste, 2021, 2022 y 2025 fueron procesos organizados y/o validados por el INE bajo marcos legales distintos. Esto cambia la cobertura geográfica, el control de calidad, la logística de casillas y la forma de calcular participación. (Latinno)
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Cortes temporales y metodología de cálculo: en la elección judicial (2025) el INE presentó una estimación de participación basada en un diseño de muestreo (muestra de casillas seccionales), por lo que el rango 12.57–13.32% es un intervalo informativo temprano; en revocación (2022) e consulta popular (2021) la cifra proviene de cómputos totales. Las diferencias metodológicas complican comparaciones directas. (Instituto Nacional Electoral)
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Fragmentación de los datos locales: si lo que buscas es un desglose exhaustivo —por asamblea indígena, por municipio en el caso del Istmo o por cada casilla/localidad donde se hizo una consulta— esos registros existen (actas, protocolos y reportes locales) pero están dispersos; cada acta asamblea del INPI/FONATUR o cada informe municipal contiene la cifra de asistentes y acuerdos alcanzados. Para obtener porcentajes locales comparables al padrón tendríamos que cruzar cada acta con la lista nominal municipal/estatal correspondiente. Ejemplos de actas y protocolos están disponibles en los portales del INPI y en los repositorios del propio proyecto Tren Maya. (INPI)
Conclusión resumida (lo esencial que dicen las cifras):
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Los ejercicios promovidos por el gobierno en 2018 tuvieron participación muy baja (≈1% del padrón) y no fueron organizados por INE. (Latinno)
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Las consultas organizadas por el INE dieron cifras más comparables: Consulta Popular 2021 ≈ 7.11%, Revocación 2022 ≈ 17.5–17.7%. (Central Electoral)
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La Elección Judicial 2025 registró una participación estimada por el INE en 12.57–13.32% y marcó un precedente institucional y político (alto debate público sobre legitimidad). (El Economista)
(IA)
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