Su éxito será el porcentaje de participación
Wenceslao Vargas
Márquez
Una reforma judicial
tendría que dejarse funcionar al menos todo un sexenio para saber si funciona o
no, sexenio y medio o dos sexenios, y entonces evaluar y corregir defectos.
No fue así en el caso
de la reforma judicial que fue impulsada el sexenio pasado por los presidentes
del Ejecutivo y Judicial y que fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de marzo de 2021 (t.ly/m_JTG). Por ella se declararon
desterradas la corrupción y el influyentismo.
Arturo Zaldívar le
dedicó al combate a la corrupción el capítulo 5 a su Informe Ejecutivo de más
de 700 cuartillas (t.ly/4h9gi). Y en su
mensaje formal dijo lo siguiente en diciembre de 2022, ya para despedirse del
cargo (t.ly/TyvRL): “Desde el inicio de esta administración, asumimos un
compromiso con una política de cero tolerancia a la corrupción, como exigencia
indispensable para recuperar la legitimidad de la judicatura frente a la
ciudadanía. La corrupción y el nepotismo eran temas de los que no se hablaba en
el Poder Judicial. Se decía que eran casos aislados y que los trapos sucios se
lavaban en casa. Preferíamos voltear la cara, en vez de enfrentar el problema
con autocrítica y transparencia. A partir de un diagnóstico profundo y una
estrategia clara, en cuatro años logramos desarticular
las redes de corrupción y tráfico de
influencias que imperaban en la
judicatura”. Se redacta en pretérito. Los males se habían resuelto.
Es el caso de que casi
un mes antes de que cumpliera tres años funcionando, con la corrupción ya desterrada
según declaraciones múltiples de sus dos principales diseñadores y operadores,
el 5 de febrero de 2024 se anunció una nueva reforma basada en la elección de
jueces, magistrados y ministros… para acabar con una corrupción que se supone ya
no existía. Y elegir jueces, magistrados y ministros no era tema en la reforma
de marzo de 2021. El tema electoral judicial fue meditado lentamente entre
marzo de 2021 y enero de 2024 para ponerlo sobre el raído tapetito circular de
las discusiones públicas el 5 de febrero. Lo hizo suyo la candidata
presidencial que triunfó en junio. Se le supone consecuencia de una enérgica petición
popular.
El punto de esta nota
es proponer una interpretación para determinar si esa real o supuesta petición popular
fue muy enérgica, o fue una explicación instrumentada sobre la marcha para
justificar algo que realmente no existió (la petición popular o la existencia
de corrupción), a juzgar por el discurso político de marzo de 2021. La única
forma de saber, incluso de medir, el interés del respetable al respecto es
poner sobre la mesa las cifras de participación que ha habido en las elecciones
y consultas recientes. En la elección presidencial de 2018 hubo una participación
del 67%, y del 61% en la última de 2024.
En la consulta para
juzgar a expresidentes en agosto de 2021 la participación del pueblo fue del
7%, ¡siete por ciento! En la consulta para revocar el mandato presidencial en
abril de 2022 llegó a las urnas un 17%. Estas dos últimas cifras de participación
están muy lejos de las participaciones en las presidenciales. Si las cifras de
participación popular en la elección judicial de junio de 2025 se ubicaran en
estos rangos del 7 o 17% no se habrá justificado el discurso dado de la ‘exigencia
popular’. Una exigencia popular debería entusiasmar y llevar la participación a
los niveles de una elección presidencial, o incluso más allá: un 65 o 70 o 75%
de participación. Menos no.
X: @WenceslaoXalapa
